Desde la crisis financiera de 2008 venimos arrastrando sueldos que languidecen, sumado a un actual grave encarecimiento del coste de la vida.
La brutalidad de la inflación nos está explotando en nuestras caras, unos lo verán más tarde otros antes, pero los precios están eclosionando y afectándonos con contundencia.
La realidad está ahí, aunque algunos no la quieran ver, y es que el coste de la vida sube pero nuestras nóminas no siguen el mismo ritmo, lo que finalmente acabará causando el malestar que originará protestas cada vez más contundentes.
Los funcionarios, a pesar de la subida del 0,9% en 2021, arrastramos una pérdida de poder adquisitivo desde el esfuerzo se nos exigió en 2010, de un 10% para algún sindicato, y de cerca de un 20% bajo mi apreciación, pero ese porcentaje no se va a detener y continúa en aumento, lo que para quienes no lo veían acabará siendo acuciante.
Tanto Hacienda como el propio Gobierno no paran de negar dicha obviedad. Pero la puntilla de esta pérdida de poder adquisitivo ha sido el año 2021, y va siendo el camino de 2022, amplificando el problema y la BRECHA entre los sueldos y el coste de la vida.
Esta situación se va a cebar sobre todo en aquellos dispongan de menos margen para asumir el gasto extra que está suponiendo esta pérdida de poder adquisitivo y sobre todo la inflación de este 2021-2022.
La solución de todo esto es indexar el salario de los funcionarios a la inflación, además de un Acuerdo para recuperar el porcentaje que hasta la fecha arrastramos.
A diferencia de los Convenios laborales para los trabajadores, en la función pública su EBEP deja sin concretar la subida de los funcionarios de cada año, a lo que buenamente se pueda concretar por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado anuales y a la negociación colectiva, pero es intentar salvar la pierna una vez cangrenada.
Tanto Banco de España, como el propio Gobierno, durante 2021 y sabedores de lo que estaba ocurriendo, no estaban tan preocupados por los altos precios como por las subidas salariales que posiblemente supondrían. Repetían y repetían, que “la elevada inflación actual era una situación TRANSITORIA”. Era pensar de ellos que subir los salarios sería cambiar esa transitoriedad, a un problema persistente. Y que si consiguen evitar dicha subida salarial el IPC se acabará moderando para que en el inicio de 2022 se pase a un 2% en el IPC.
Ya hemos visto sectores como el del metal (Cádiz), el del transporte (este diciembre 2021), y otros que se comenzarán a ver, por esta situación que se está produciendo. Pero ¿cuál será la reacción de los funcionarios?
Otro factor que nos afectará es el final del “tapering” (fin de la fiesta) que harán los Bancos Centrales, además de las siguientes medidas van a acabar tomando.
Todo ello unido, va a generar grandes preocupaciones en el estado de salud de las finanzas y la economía de los funcionarios.
El banco central alemán, “Bundesbank”, junto con el Gobierno alemán, tomaron la decisión en el mes de diciembre de este 2021, de reducir el IVA a partir de enero 2022, para favorecer que los precios descendieran. Lo cual es una muestra de que ya no nos pueden seguir repitiendo el mantra de que los precios volverán a bajar pronto. Esto es un asunto muy serio, con graves consecuencias y es imperativo actuar ante ello.
Aquí sin embargo se vanaglorian de ser este 2021 el año «histórico» en recaudación de impuestos. Además se pone a trabajar a un comité de expertos fiscales para que busquen la forma de aumentar la recaudación mediante la modificación de los actuales impuestos y también, nuevos, de ser posible. Venden que su intención es muy social y «chuli» porque son medidas contra los ricos. Veremos quienes acabamos pagando dicha «chulada«.
La inflación se ha disparado muy por encima de los niveles que preveían los bancos centrales. La Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE) ya han decidido endurecer sus políticas monetarias, ya no CUELA el mensaje de ser un problema TRANSITORIO.
El Estatuto de los Trabajadores, normativa estatal básica que regula los temas laborales, no establece ninguna obligación de vincular la subida de los salarios al IPC. Pero para estos trabajadores, sus relaciones laborales no sólo se regulan por este Estatuto, sino que tienen la posibilidad de regular derechos y obligaciones laborales, mediante los sindicatos, con los llamados CONVENIOS COLECTIVOS.
Y en estos Convenios Colectivos, SI que se pueden incluir CLAÚSULAS DE REVISIÓN SALARIAL, y de hecho se hace, donde se establece que las subidas salariales estén VINCULADAS a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Y como bien saben los expertos en Derecho Laboral, el IPC es el indicador de referencia utilizado por los sindicatos negociadores para calcular las futuras subidas salariales en los Convenios.
¿Por qué no se hace esto mismo con respecto a los funcionarios? ¿Por qué tenemos que estar cada cierto número de años a expensas de Acuerdos para RECUPERAR las pérdidas de poder adquisitivo? ¿Por qué no se activa una CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL vinculada al IPC para los funcionarios, al estilo de lo que ocurre en los Convenios Colectivos?
Pronto, la preocupación por la inflación superará a la del propio Covid-19.
Es indiscutible que vamos a sufrir un empobrecimiento (6,7% de IPC en 2021 frente a un 0,9% de subida salarial en 2021). Los salarios van a dar para mucho menos que hasta ahora. Y esto será irrecuperable si no se toman medidas por los sindicatos desde ya
¿A QUE ESTAMOS ESPERANDO?………
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